Cuadrante de reflexión
Publicado en Economía Digital, edición Galicia, el 23 de febrero de 2015
Las fragas do Eume son el mejor ejemplo de bosque de tipo atlántico costero de Europa. Más de 9.000 hectáreas llenas de vida a ambos lados del río Eume, desde su nacimiento en la sierra do Xistral hasta su desembocadura en la ría de Ares. Robles, chopos, fresnos, castaños, alisos, más de 20 especies de helechos y más de 200 de líquenes aportan a sus laderas un clima húmedo y sombrío, propicio para la vida de anfibios –con algunas especies de salamandras endémicas-, azores, mirlos, halcones, nutrias, garduñas, jinetas, corzos, zorros, ciervos, tejones, y diferentes especies de peces. Esta elevada biodiversidad y su buen estado de conservación permitieron su declaración como parque natural en el año 1997. Hace, por tanto, 18 años de esto, los mismos 18 años que transcurrieron sin que se efectuase la regulación ambiental que indica la ley. Un intervalo de tiempo demasiado largo por el que pasaron diferentes gobiernos nacionales y autonómicos, variopintos alcaldes por los municipios que tienen terrenos incluidos en el parque: As Pontes, Monfero, A Capela, Cabanas y Pontedeume, y varios gobiernos en la Diputación de A Coruña. Tan largo que dio tiempo a que la naturaleza, la mano del hombre y el desgobierno, permitiese algún que otro vertedero ilegal, la concentración de basuras en algunos puntos, la invasión de especies foráneas (eucaliptos y pinos) prácticamente a cota de río y el despropósito de asistir a un importante incendio en el año 2012 sin contar con un plan contraincendios, sus correspondientes protocolos de emergencia y los medios adecuados para hacerle frente. Este fue el escenario en que se desarrolló (como una “tierra sin ley”) este extraordinario parque natural.
Hace pocas fechas, tal vez por aquello del despertar cercano a las elecciones, la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia decidió que ya era hora de contar, después del prolongado letargo, con un “Plan Reitor de Uso e Xestión”, como manda la ley. Convocó a los alcaldes, representantes de la Diputación, asociaciones de propietarios en que se han agrupado los vecinos (está en manos privadas más del 80% de la superficie total del parque), y demás entidades implicadas, a una reunión de presentación del documento de más de 150 páginas en el que se describe el parque, sus características, su valor, y las zonas de que está compuesto. Las que pueden destinarse a usos agropecuarios, de repoblación de madera de crecimiento rápido, de pastos, la red fluvial, las fragas y la reserva natural. Quiero pensar que el documento estará basado en el conocimiento técnico que aportarían los especialistas universitarios, expertos de referencia y las asociaciones ecologistas. Ya sería el colmo de la inoperancia que no se hiciese así. Pero aún en este supuesto a los políticos responsables de su presentación no se les pasaba por la cabeza, ni por asomo, encontrarse con que los propietarios y alcaldes tienen la ocurrencia de que quieren ser tenidos en cuenta, quieren participar en la gestión del parque y no desde ahora, sino que quieren ser partícipes en la elaboración del plan desde su comienzo. ¡Qué desfachatez! Unos ciudadanos que, casualmente viven allí y son los dueños de buena parte de las tierras, que quieren participar en su regulación ambiental y en los usos que de ellas pueden hacer.
El desencuentro es total. Ahora se están celebrando reuniones por concellos, asambleas de propietarios, los grupos ecologistas manifiestan su desconcierto, alcaldes militantes del propio partido que gobierna que dicen no estar de acuerdo en nada de lo que se dice en el plan, propietarios que manifiestan su indignación...y por eso están presentando centenares de alegaciones a un texto del que no se sienten partícipes.
Las formas de entender la relación público-privada, representante-representado, están cambiando a gran velocidad. Justo la que no han tenido los diferentes gobiernos al acometer la regulación de estas fragas. De un entorno natural al que se añade el patrimonio arquitectónico y cultural: monasterios de Caaveiro (del año 934) y de Monfero, los castillos de Andrade, Narahío y Moeche, las iglesias románicas de San Miguel de Breamo y Santa María de Doroña, y el casco histórico de la villa de Pontedeume. El patrimonio etnográfico: ferrerías, molinos. El patrimonio arqueológico, con diferentes mámoas y castros. En suma, de una zona con especial valor que puede ser fuente de riqueza natural, forestal y turística, además de pesquera e hidroeléctrica.
El parque natural Fragas do Eume tiene que tener aprobado su plan de uso y gestión. Un plan que debe velar por su conservación y al mismo tiempo posibilitar que los propietarios se sientan “tratados con la misma consideración que los demás vecinos de otros parques naturales de España”, según algunos manifiestan. Y tiene que hacerse ya, antes de que pasen otros 18 años de penuria y desgobierno. Pero hay ahora un nuevo entorno, diferente al de los años noventa. Aquel en el que los ciudadanos que pagan sus impuestos y eligen a sus representantes, quieren ser partícipes y garantes del buen uso de los recursos. De los privados, porque son propietarios. Y de los públicos, porque son patrimonio de todos, y ya se ha visto que dejarlo únicamente en manos políticas trae malas consecuencias. 18 años de desgobierno y malas consecuencias.
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