Algo más que nepotismo en torno al Tribunal de Cuentas

Artículo de opinión. 

Publicado en Economía Digital, Opinión, el 5 de julio de 2014

La próxima semana comparecerá el presidente del Tribunal de Cuentas en el Congreso para dar explicaciones acerca de la alta presencia de familiares en la plantilla (100 sobre un total de 700) y la contratación continuada de obras en contratos menores, sin necesidad de publicidad en su licitación. "No adelantemos acontecimientos" que diría el presidente Rajoy ante esta comparecencia pero en mi opinión, al menos en lo que al nepotismo se refiere, la explicación se antoja difícil.

La RAE define el nepotismo como la "desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos". La cosa está clara. Y además con el agravante de que no se produjo la asignación preferente de plazas con igualdad de preparación, formación y conocimientos, con lo que ahora el Tribunal cuenta en su plantilla con informáticos que no tienen preparación en informática (y, según parece, tienen que subcontratar muchos servicios en el exterior) y jefes de servicio con graduado escolar. Eso sí, con un árbol geneálogico perfectamente trazado en el que sus grados de parentesco son muy fáciles de seguir a lo largo y ancho del organigrama.

Un tercer asunto presenta gravedad en este caso. Del análisis de la "productividad" de este organismo llama la atención el enorme retraso en la presentación de sus informes fiscalizadores. Por ejemplo en 2013 se presentó el "Informe de fiscalización del Sector Público Autonómico de los ejercicios 2008 y 2009"; y el "Informe de fiscalización de los estados contables de los Partidos Políticos y de las donaciones percibidas por las Fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicio 2008", mientras que los de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 se presentaron este año 2014. Es decir, estamos ante el órgano fiscalizador de la gestión económico-financiera del sector público que presenta el resultado de sus trabajos con 4, 5 o más años de retraso ante la comisión parlamentaria correspondiente.

Y aquí entramos en la última y, a mi juicio, más grave de las ineficiencias. Este Tribunal depende de las Cortes Generales y su presupuesto se integra en los Presupuestos Generales del Estado. Tanto las fiscalizaciones como las sentencias emitidas en el ámbito de la responsabilidad contable y, por supuesto, de la totalidad de su gestión, ha de rendir cuentas ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, compuesta (ni más ni menos) que por 1 presidente, 1 vicepresidente, 2 secretarias, 8 portavoces, 3 portavoces adjuntos, 28 vocales y 2 letrados. Suma: 45 diputados y senadores, que no han sido capaces de levantar la voz ante informes emitidos con muchos años de retraso, presupuestos de plantillas crecientes hasta llegar a 700 empleados muchos de ellos sin la cualificación adecuada, con salarios y ventajas sociales muy por encima de las fijadas en el sector público, o la concatenación de múltiples contratos de obras realizados sin acogerse debidamente a lo establecido por la legislación vigente. Entonces ¿exactamente qué han estado haciendo sus señorías en esa comisión? Un trabajo serio, eficiente y riguroso en defensa de lo público, no.